Resumen

En un país como Colombia, dividido en extremas de pensamiento político, donde difícilmente no se educa para el redescubrimiento del equilibrio, es extraño que el distanciamiento de toda la sociedad se reduzca ante la crisis de la educación superior, por falta de recursos, especialmente el presupuesto que debiera destinarse para el funcionamiento e investigación propios de la educación pública dentro de un Estado Social de Derecho.


El presente artículo surge de un ejercicio de reflexión sobre la seguridad jurídica en las actuaciones del Estado desde la ausencia de recursos. Para su desarrollo se realizaron la revisión y análisis dentro de la esfera y validez del presupuesto nacional 2019, Sector Educación, y cuyo deficiente rubro conlleva  una inconformidad del colectivo social, no olvidando que la educación superior por encontrarse inmersa en el derecho a la educación, goza del reconocimiento y categorización desde el derecho internacional como derecho humano.